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España, como muchos países europeos, ha puesto en marcha leyes y reglamentos destinados a mejorar los servicios digitales prestados por la administración. Una de las leyes más relevantes en España en esta materia es la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Esta ley establece el marco general para la prestación de servicios electrónicos por parte de las Administraciones Públicas en España, y tiene por objeto mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos, así como promover el uso de medios electrónicos de comunicación por parte de los ciudadanos.

La ley establece la obligación de que las Administraciones Públicas faciliten el acceso electrónico a sus servicios a través de un punto de acceso único, la denominada "Oficina Electrónica" (Oficina Virtual). Este portal proporciona un punto de acceso unificado para los ciudadanos, donde pueden encontrar información sobre los servicios ofrecidos por las distintas autoridades públicas y realizar trámites en línea.

El Gobierno español también ha tomado medidas para mejorar los servicios digitales prestados por el sector público a través del Plan Nacional de Administración Electrónica, que se centra en la digitalización de los servicios públicos y la modernización de la administración pública, con el objetivo de proporcionar a los ciudadanos servicios públicos más eficaces, rápidos y accesibles.

Cabe señalar que, aunque ambas leyes tienen objetivos similares, la OZG de Alemania es más reciente y tiene requisitos y plazos más específicos que la Ley española 11/2007, y que el Consejo Digital que creó.